El concurso de acreedores es un procedimiento que se sustancia ante los Juzgados de lo Mercantil o de Primera Instancia (en función de quién solicite el concurso), cuando el deudor no puede atender sus obligaciones de pago (situación de insolvencia actual) o prevé que no podrá atenderlas regular y puntualmente (situación de insolvencia inminente).
De dicho procedimiento pueden beneficiarse tanto EMPRESAS, PROFESIONALES o AUTONOMOS, como las PERSONAS FÍSICAS – NATURAL NO PROFESIONAL -.
El “concurso de acreedores” fue pensado en su inicio para las sociedades mercantiles. La Ley concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal) que derogó el antiguo Código de Comercio, permitió que también fuera aplicable a los profesionales y autónomos que como empresarios tuvieran que presentar concurso de acreedores. El procedimiento para EMPRESAS, PROFESIONALES o AUTONOMOS puede plantearse con dos objetivos distintos:
El procedimiento para PERSONAS FÍSICAS – NATURAL NO PROFESIONAL – se introduce con la Ley de la segunda oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social). Al introducir sus artículos 242 y 242 bis en la Ley concursal, se posibilita que todas las personas físicas (sin excepción) puedan tramitar su propio concurso de acreedores.
Estudiamos con detalle cada caso para diseñar las estrategias que mejor se adecúen a su negocio y a la situación del mercado, con el fin de superar las Situaciones de crisis empresarial. Identificamos posibles situaciones de insolvencia en las empresas en un estado más temprano, poniendo en marcha soluciones cuando la situación todavía no es tan crítica, de forma que éstas tengan más probabilidades de éxito y los deudores no tengan que llegar siquiera a solicitar el concurso de acreedores.
Ante una situación de insolvencia inminente, actual o probable gestionamos la apertura de negociaciones con los acreedores o solicitamos directamente la homologación de un plan de reestructuración.
Asesoramos durante la negociación del deudor con los acreedores, en una fase “pre-concursal”, hasta obtener la homologación del plan.
Cuando se cumplen todos los requisitos exigidos y las circunstancias lo aconsejan, nos encargamos de la presentación de la solicitud de concurso voluntario (deudor) o concurso necesario (acreedor) ante los tribunales correspondientes.
En la pieza de calificación, defendemos los intereses de nuestro cliente en determinación de la posible responsabilidad de los administradores, valorando la intervención de compañías aseguradoras que hayan suscrito pólizas de D&O, así como un posible giro de jurisdicción en caso de posible existencia de un hecho constitutivo de delito.
Cuando no queda más remedo de acudir a la liquidación, ya sea a instancia del deudor o de los acreedores, realizamos un seguimiento en todo el proceso de enajenación de los bienes y derechos del concursado para posteriormente satisfacer a los acreedores con lo obtenido mediante dicha realización.
Tramitamos el mecanismo legal que permite a particulares y autónomos deudores renegociar sus deudas o librarse de parte de ellas, para que puedan superar una situación de insolvencia grave o quiebra.
Cuando el deudor tiene menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, acudimos añ procedimiento especial para microempresas, un mecanismo “de insolvencia único y especialmente adaptado” a las necesidades de estas empresas “caracterizado por una simplificación procesal máxima”.
La Letrada titular del despacho está inscrita en el Registro de Administradores Concursales del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, lo cual acredita no solo la formación debida en dicha materia sino también que se dispone de póliza de responsabilidad civil exigida por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Defendemos los intereses de nuestros clientes - acreedores para tramitar el cobro de sus deudas cuando el deudor ha presentado concurso de acreedores.
Productos bancarios complejos (SWAP o permuta financiera, multidivisa, participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, etc), derecho hipotecario - ejecuciones hipotecarias, cláusulas abusivas en préstamos (cláusula suelo, IRPH, tarjetas revolving), cláusulas afianzamiento, nulidad avales y fondos buitre
Acciones de responsabilidad, contratos (compraventa; arrendamientos urbanos; propiedad horizontal; validez, etc), propiedad y posesión, litigios relacionados con adquisición y transmisión de activos inmobiliarios, conflictos entre sociedades de gestión inmobiliaria, sociedades patrimoniales y SOCIMI. Acciones de división de patrimonios comunes.
Conflictos societarios, conflictos sobre interpretación, validez y ejecución de contratos mercantiles, responsabilidad de administradores, impugnación de acuerdos sociales: Acciones de impugnación de acuerdos societarios contrarios a la ley, opuestos a los estatutos y/o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.
