Los delitos contra la Administración de Justicia están tipificados en el Título XX del Libro II del Código Penal (art. 446 a 471 bis) y sancionan conductas que impiden o desvían la actividad judicial, infringen normas procesales o comportan un desconocimiento de la propia función jurisdiccional, afectando al normal y correcto desenvolvimiento de la Administración de Justicia.
El bien jurídico protegido es la Administración de Justicia en cuanto servicio público prestado por Jueces y Magistrados independientes, exclusivamente sometidos al imperio de la ley, junto con la colaboración que prestan a ello los ciudadanos que sean elegidos como jurados, en determinados procesos penales.
La acción típica consiste en dictar una sentencia o resolución injusta dolosamente o por imprudencia grave o ignorancia inexcusable. Está considerado el delito más grave en que puede incurrir un miembro de la judicatura pues supone faltar a los deberes de imparcialidad y justicia que corresponden a todo juez o magistrado. No se incluye en el concepto de juez o magistrado, a los jurados, ya que no dictan sentencias, sino que emiten veredictos que deben ser plasmados en una sentencia por el Magistrado Presidente del Tribunal (art. 446 y 447 del Código Penal) .
Que consiste en negarse a juzgar, sin alegar razón o pretextando oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley (art. 448 del Código Penal).
Consiste en retrasar con algún fin ilegítimo la resolución de alguna causa judicial (art. 449 del Código Penal).
Castiga el art. 450 CÓDIGO PENAL la conducta omisiva consistente en no actuar, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o ajeno para impedir la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, o, en su defecto, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que lo impidan.
Castiga la conducta consistente en ayudar al autor de un delito previo a beneficiarse del producto del mismo, a ocultar el cuerpo del delito para evitar su descubrimiento o a facilitar a los presuntos responsables de determinados delitos, o que hayan abusado de funciones públicas al cometerlos, a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura (art. 451 a 454 del Código Penal).
Castiga la conducta consistente en actuar fuera de las vías legales para realizar un derecho propio, empleando violencia, intimidación o fuerza en las cosas (art. 455 del Código Penal).
Consiste en atribuir a alguna persona concreta, determinados hechos que, de ser verdad, serían castigables como delito ante un juez o funcionario (fiscal o policía) que tienen el deber de proceder a su averiguación. Para poder perseguir este delito, debe existir sentencia o auto firmes que contengan la absolución del acusado o denunciado falsamente (art. 456 Código Penal).
Consiste en presentarse ante una autoridad judicial o administrativa con competencia para perseguir un hecho delictivo relatando un delito inexistente o haciéndolo de modo absolutamente distinto a como habría sucedido, presentándose el que denuncia, como autor del hecho o como víctima del mismo, provocando actuaciones procesales (art. 457 del Código Penal).
Sancionan este delito a quienes, actuando en un proceso ante un Tribunal español o extranjero, como testigo, perito o intérprete, faltan a la verdad o la alteran parcialmente, pudiendo con ello provocar el dictado de una resolución injusta. Comprende así mismo la presentación en juicio de intérpretes o peritos falsos (arts. 458 a 462 Código Penal).
(arts. 463 y 464 del Código Penal).
(art. 465 a 467 del Código Penal).
(art. 468 a 471 del Código Penal).
Los delitos contra la Administración Pública están tipificados en el Título XIX del Libro II del Código Penal (artículos 404 a 445). El bien jurídico protegido es el correcto ejercicio de la función pública. Todos tienen en común el quebrantamiento voluntario de las obligaciones contraídas por los servidores públicos integrantes de la Administración Pública. Se […]
Los delitos de falsedades están tipificados en el Título XVIII del Libro II del Código Penal (art. 386 a403 CÓDIGO PENAL). El citado Título se compone de cinco capítulos, dedicados a la falsificación de moneda y efectos timbrados, las falsedades documentales, disposiciones generales, usurpación de estado civil y usurpación de funciones públicas y el intrusismo, […]
Los delitos contra la seguridad colectiva están tipificados en el Título XVII del Libro II del Código Penal (art. 341 a 385) y detallan un conjunto de conductas penales que ponen en peligro las condiciones que permiten a una sociedad considerarse segura frente a determinadas situaciones de riesgo o peligro.
Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente están tipificados en el Título XVI del Libro II del Código Penal (art. 319 a 340) ysancionan las conductas que atentan gravemente contra las normas legales que determinan el uso racional del suelo y su […]
Los delitos contra los derechos de los trabajadores están tipificados en el Título XV del Libro II del Código Penal (artículos 311 a 318) y regulan una serie de conductas que forman parte del llamado Derecho Penal del Trabajo, un sector del Derecho Penal que pretende que las más intolerables agresiones a los derechos de […]
Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social están tipificados en el Título XIV del Libro II del Código Penal (artículos 305 a 310 bis) ycastigan determinadas conductas fraudulentas atentatorias contra el patrimonio de la Hacienda Pública, estatal, foral, local y de la Unión Europea y contra el patrimonio de la Seguridad Social. […]
Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos están tipificados en el Título XIII Bis del Libro II del Código Penal (arts. 304 bis y ter.), y castigan la recepción o entrega de donaciones o aportaciones de origen privado a partidos políticos, cuando superan el umbral establecido en la LO de financiación de partidos, como […]
Robo/Hurto, Extorsión, Defraudaciones (estafa; administración desleal; apropiación indebida; otras defraudaciones), Frustración de la ejecución, Insolvencia punible, Alteración de precios en concursos públicos y subastas publicas, Daños, Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Delitos societarios, Recaptación y blanqueo de capitales.
Descubrimiento y revelación de secretos. Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abierto al público.
